CARACTERÍSTICAS

a)    A partir de la segunda mitad del siglo XX se presentaron transformaciones estructurales de diverso orden; el asentamiento de los procesos de modernización económica, social y política, así como una creciente urbanización, condujeron a una mayor demanda educativa y a la necesidad de replantear la formación superior de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología. En 1968 se creó que con el objetivo de ejercer la vigilancia y control sobre este nivel educativo. En este período, unas de las características del sector fueron el crecimiento anárquico y el lento desplazamiento de las instituciones oficiales hacia las privadas, así como nuevos procesos de diversificación profesional y de estratificación social que se acentuaron mucho más a partir de la década de 1970. Las décadas del 60 y 70 significaron el fortalecimiento de las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y humanas incluyendo la educación, lo que permitió la consolidación de grupos de intelectuales que proporcionaron nuevos enfoques para el análisis de lo social, hecho que estuvo acompañado de la expansión de la participación femenina en el sector. En estas décadas el movimiento estudiantil presenta su mayor auge luchando contra el modelo de universidad que se impone en el período con base en las teorías del capital humano desde un enfoque tecnocrático y empresarial.

    Para el año 2000, las políticas estatales redefinieron los niveles de educación superior delimitando en el pregrado la existencia de la formación técnica profesional, la formación tecnológica y la universitaria, y en el posgrado la formación según niveles de profundización denominados especialización, maestría y doctorado. Esta educación se impartía en un total de 291 establecimientos, 32.6 % públicos y 67.4 % privados. Por su parte, la expansión de la matrícula creció entre 1981 y 2000 en un 281.5 %, registrando en este último año un total de 491.793 estudiantes.

    Las últimas décadas del siglo XX marcaron la crisis del sector debido a las transformaciones económicas y los cambios en la esfera laboral, los desarrollos científicos y los avances tecnológicos en el campo de la información y las comunicaciones. Al tiempo que se cuestionó la calidad de la educación impartida en las instituciones de educación superior, se detectó la escasa uniformidad en el tipo de establecimientos existentes, fruto del crecimiento anárquico de las décadas anteriores, aspectos que empezaron a ser reglamentados por el Ministerio de Educación Nacional. Estas modificaciones estuvieron favorecidas por el contexto de la Constitución de 1991 y presionadas por la apertura económica y la hegemonía de los modelos neoliberales. Como parte de este proceso se puso en marcha un sistema de acreditación académica de las instituciones ante las instancias gubernamentales y ante la opinión pública, para lo cual se creó la Comisión Nacional de Acreditación. Igualmente, se inició la regulación y control de los establecimientos, llegándose al cierre de los que no llenen los requisitos establecidos por las políticas públicas.

    Si bien no se puede negar la bondad de buena parte de estas políticas, al mismo tiempo es preciso señalar que ellas se apoyan sobre un terreno frágil debido a la acentuación de las políticas neoliberales, lo cual ha influido de manera negativa en el recorte presupuestal de la universidad pública y en el cuestionamiento del proyecto social y político que la valoraba como un espacio que permitía el acceso a la educación a todos los sectores de la sociedad, al tiempo que defendía su autonomía frente a credos políticos, religiosos y a intereses particulares, concibiéndola en este sentido como la conciencia crítica de la sociedad.

   Pasado un siglo, se perfilan claramente las dificultades de asumir un modelo único de universidad, ya que la profunda fragmentación y la autonomía de los establecimientos permite prever la persistencia de tendencias a la utilización del sistema y a la jerarquización de las instituciones apelando a la calidad de la educación por ellas impartida.

    En este sentido es indispensable que el Estado tenga un papel más protagónico del que ha tenido hasta el momento, ya que las políticas diseñadas han ido en buena parte detrás de los acontecimientos, lo cual dificulta una adecuada orientación y regulación. Igualmente, la opinión pública debe ser consciente de que la universidad antes que una empresa es una institución social y, como tal, no puede regirse sólo por las leyes del mercado, sino que debe guiarse por criterios de pertinencia social, criterios dentro de los cuales el aspecto económico es sólo una de las dimensiones por considerar al abordar la reflexión en torno al problema de la formación superior en el país.

Existen problemas estructurales que no han permitido que la educación se desarrolle adecuadamente. De acuerdo a los avances sociales y tecnológicos del mundo. Tampoco se ha planificado la relación que debe existir entre la educación y el mejoramiento de los niveles, tipo y calidad de la producción de riqueza y de reparto de la misma, que finalmente son los que permiten elevar las condiciones de vida de la población en general.

La educación se presentaba como el instrumento para combatir el desempleo, para impulsar los avances científicos y tecnológicos, para defender la democracia y para lograr el desarrollo social. Los países de la región coincidieron en considerar a la educación como un aspecto primordial para el desarrollo y en elaborar las estrategias pertinentes para introducir los cambios que cada sistema educativo necesitaba. Las políticas de reformas de los noventa se desarrollaron en torno a cuatro ejes principales: gestión, calidad y equidad, perfeccionamiento docente y financiamiento.  Sin embargo, hay desafíos pendientes en cuanto a mejores logros sobre todo en relación con la calidad y la equidad, junto con nuevos retos como universalizar la cobertura en la enseñanza media, centrar el tema de la calidad educativa en el aprendizaje o disminuir las brechas en los resultados de los aprendizajes.

Sin embargo, los avances logrados en materia educativa dan señales de que aún queda camino por recorrer, sobre todo con las expectativas que generan el cambio de gobierno.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), indica en su último informe anual que “la educación ha estado restringida en Guatemala, aunque ha habido algunos avances en los últimos años”.

Respecto de la cobertura y calidad en los niveles medio y diversificado, las dudas abundan: “la educación media tiene la cobertura más baja del sistema educativo”, señala dicho ente internacional.
Los departamentos de Guatemala, con 32.5%, y Quetzaltenango, con 24.1%, registran los niveles más altos de cobertura para este nivel.